Entrega-recepción de tecnologías favorece la transparencia   
 
 
  
 
 
Todo lo referente a tecnologías debe formar parte del proceso de entrega-recepción municipal.

/ 2018-09-28

Por: Edgardo Carrillo López

La Ley de Gobierno y Administración Municipal no mencionaba en uno solo de sus 452 artículos la palabra transparencia, y ahora que fue reformada en la última sesión de la LXI Legislatura del Congreso local… tampoco.

No obstante, en la reforma del reciente 10 de septiembre hay una mejora de especial relevancia para el derecho de acceso a la información pública: En el decreto aprobado destacan los artículos 42 y 47, especificando que en la entrega-recepción de los gobiernos municipales se deberá incluir todo lo relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

Parecerá irrelevante, pero tiene fondo. Es común que en cada cambio de administración municipal los nuevos funcionarios tengan problemas con el acceso a los equipos de cómputo porque no disponen de las claves de inicio, ni las contraseñas de correos electrónicos o de las redes sociales del ayuntamiento y, en casos extremos, no pueden siquiera seguir administrando sus páginas de internet y portales web de transparencia.

Sobre todo en los municipios pequeños, el asunto se convierte en un calvario cada tres años, porque se olvidan de recibir los nombres de usuario y contraseñas de los equipos o aplicaciones donde se administra mucho del material y documentos que, casi de inmediato, van a necesitar para atender el derecho de acceso a la información pública.

De ahí la trascendencia de que ahora la Ley de Gobierno y Administración Municipal incluya entre los recursos humanos, materiales y financieros que deben formar parte del proceso de entrega-recepción, la “infraestructura de las tecnologías de la información y comunicación, incluyendo el hardware, software, redes e instalaciones requeridas para desarrollar, probar, proveer, monitorear, controlar y soportar los servicios digitales municipales, correos electrónicos institucionales, así como seguridad de la información, que tiene por objeto preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la autenticidad, confiabilidad, trazabilidad y no repudio de la misma” (Art. 47, fracción III Bis).

Por tratarse de algo materialmente tangible y con valor monetario, se cuida la recepción física de los equipos tecnológicos (computadoras, teléfonos, discos de respaldo, etc.), sin reparar en el hecho de que las claves, usuarios, dominios y contraseñas tienen el enorme valor de la disponibilidad de la información.

Ocurre igual con los archivos (vitales para garantizar el derecho de acceso informativo), los cuales en el trajín y la emoción de la llegada a los nuevos puestos, pocos se acuerdan de verificar dónde se ubican físicamente, si están bien conservados, si corresponde el material a la lista que se reporta, y cosas de ese tipo que por lo menos significan certeza jurídica y validez fiscal.

Por ello, de siempre el organismo garante de la transparencia en Sonora, el ISTAI, ha promovido que se cuiden los detalles en la entrega-recepción y que, aunque no estén incluidos en ley alguna, se exija lo que se dio en llamar “otras entregas”, que son:

Primero, el reporte de la información clasificada como reservada, a fin de que los funcionarios entrantes comprendan mejor las políticas internas en este aspecto y –muy importante– tengan presente los tiempos en que los datos deben conservarse bajo resguardo y cuándo y cómo es que habrán de quedar abiertos al conocimiento público.

Luego, el listado de bases de datos, principalmente aquellas que contienen información personal, especificando el tipo y uso que se les da y las medidas de seguridad que se les otorgan, qué áreas las poseen, cómo se obtuvieron y quiénes son los responsables de su tratamiento y la atención a los derechos conferidos a los titulares de esos datos.

Y, como tercer punto de esas “otras entregas”, está lo referente a la infraestructura y accesos a las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí tenemos, quizá, el único detalle en el texto de la reforma: se habla de infraestructura a entregar, pero no específicamente de los modos de acceso a la misma, aunque para todos es claro que por obviedad deben incluirse.

Muy probablemente, al modificar la ley los diputados pensaron en la operatividad administrativa de los ayuntamientos, aunque al final de cuentas favorecieron bastante los procesos de transparencia en Sonora.

 
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